Primera línea y Gestores de paz
Primera línea y Gestores de paz
Comencemos por decir que los Gestores de Paz son una figura que se ha utilizado desde hace unos 25 años con diversos propósitos, pero con un elemento recurrente: liberar personas que están en las cárceles. De otra parte, la denominada Primera Línea salió de un grupo de jóvenes, la mayoría estudiantes, quienes en el estallido social usaron pedazos de lata de canecas recortadas para enfrentar a la Policía y muy especialmente al Escuadrón Anti Disturbios, ESMAD, como una forma de proteger a los manifestantes, dado que la fuerza pública contaba para entonces con un abultado prontuario de arbitrariedad y de violencia.
Ahora, el presidente de la República, Gustavo Petro, pretende utilizar esta figura jurídica para sacar de las cárceles a un número de jóvenes detenidos durante las manifestaciones del llamado estallido social.
Una precisión es también importante en este punto. Colombia ha estado gobernada por una de las clases dominantes más astutas de América Latina, que no ha necesitado dictaduras para imponer a sangre y fuego sus decisiones. Sin embargo, que no haya tenido dictadura encarnada en militares en el poder ejecutivo en los últimos 65 años, no significa que no haya usado sus métodos. Aquí se han asesinado no sólo opositores sino todo aquel individuo que en algún momento resulte incómodo o represente un peligro para un gobernante, los casos se cuentan por miles. Se ha condenado al exilio a millones de personas, se ha estigmatizado también a una cantidad de individuos porque han hablado en contra de algún poderoso, se le han montado procesos jurídicos, o decretado traslados arbitrarios a personas honestas que sólo quisieron actuar de forma recta y con arreglo a sus principios, se ha capturado, golpeado brutalmente, herido, mutilado, torturado y asesinado a personas por el simple hecho de estar en una manifestación.
Es en este contexto que hay que entender la protesta social y por qué es injusto que hoy haya miles de jóvenes encarcelados, porque lo usual es que no sólo se les judicialice, sino que se usen sus procesos para enviar un mensaje de escarmiento al resto de la sociedad. A los jóvenes no se les acusa de rebelión, sino de delitos comunes como concierto para delinquir, porte ilegal de armas, cohecho, daño en bien ajeno y lesiones a servidor público (léase policías), entre muchos otros delitos, cuando lo único que hacían los detenidos era gritar consignas, arengas y diatribas en contra del Gobierno de Iván Duque.
Ahora aparecen los detractores tergiversando de mala fe las propuestas del Gobierno, diciendo que se pretende liberar delincuentes y premiarlos con una remuneración de un millón de pesos. La verdad es que se busca brindar oportunidades para la juventud, esa masa social excluida que tiene como única válvula de escape el reguetón, que usa las paredes para mostrar su inconformidad y que participa en las movilizaciones pidiendo ser escuchada, que grita porque jamás se le ha oído cuando se dirige los a tomadores de decisiones en forma pausada y respetuosa. Es también la juventud que lanza piedras contra instituciones bancarias, contra los CAI, los edificios gubernamentales y los grandes negocios, porque ven en esas construcciones los símbolos del poder y de ese segmento de la sociedad que los excluye. De manera que ese cuento de que hay que respetar el derecho a la protesta, pero de manera pacífica, es una manera pedir a la gente anestesiar su rebeldía y convertirla en una combinación de carnaval, pero observando todas y cada una de las normas de la urbanidad de Carreño, esa que enseñaba que si se caía un cubierto no debería agacharse a recogerlo del suelo sino esperar que un sirviente lo hiciera.
Magíster en Economía
Universidad de los Andes
Opinión
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