Reacciones políticas ante la detención de Sandra Ortiz por escándalo de la UNGRD
La detención de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha generado diversas reacciones en el ámbito político colombiano. Ortiz fue enviada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, sin embrago la juez tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá cambió su decisión de enviar a la cárcel a la Modelo. En su lugar, decidió enviarla a una guarnición militar, esto para garantizar su seguridad, teniendo en cuenta las amenazas que hay en su contra. Sandra Ortiz, es acusada de participar en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, expresó su deseo de que se esclarezca la verdad en este caso de corrupción. Por su parte, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila comentó en sus redes sociales: «Sandra Ortiz, a la cárcel por el escándalo de corrupción de la UNGRD donde el Gobierno Petro compró congresistas para pasar las reformas. ‘La mensajera’ señalada de recoger 3.000 millones de pesos en efectivo y en maletines para comprar al entonces presidente del Congreso Iván Name».
Dávila también destacó la paradoja de que figuras políticas como Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name, quienes participaron en la consulta anticorrupción promovida por Claudia López, ahora estén implicados en escándalos de corrupción. En sus palabras: «Las paradojas de los politiqueros: Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name estuvieron en la consulta anticorrupción que promovió Claudia López. Hoy Sandra Ortiz va a la cárcel por escándalo de corrupción. González y Name están salpicados por los mismos hechos».
La Fiscalía General de la Nación ha señalado a Ortiz como «la mensajera» en el esquema de sobornos que permitió el desvío de recursos en la UNGRD. las investigaciones, Ortiz habría entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para asegurar el apoyo a las reformas del Gobierno en el Congreso.
La Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ortiz, argumentando la gravedad de los delitos imputados y su impacto en la administración pública y el orden económico-social.
Este caso ha suscitado un amplio debate sobre la lucha contra la corrupción en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.
