El eterno retorno de los falsos positivos
El diario El País de España ofreció en su columna editorial del 28 de junio esta interesante mirada del periodista español Nicholas Dale, del espantoso fenómeno de los falsos positivos que aún sigue horrorizando al mundo. Una práctica tan atroz, tan reiteradamente negada por las autoridades colombianas y, a su vez, estigmatizadas sus víctimas, continúa causando estupor en la opinión pública mundial.
Por Nicholas Dale
Pasan los años y esa combinación de palabras que inicialmente, a ojos extraños, parece incongruente, no desaparece de la conversación pública: los falsos positivos son una piedra angular en el relato del conflicto armado colombiano. Los asesinatos de civiles por militares que luego los hacían pasar por bajas en combate son una de las evidencias más macabras de la crudeza de una guerra fratricida que resquebrajó el alma colectiva de la nación. Fueron, también, el catalizador de una oposición civil a la guerra que fue imposible de ignorar en su momento, por sus protagonistas -las madres de Soacha- y su mensaje deliberadamente lejano de ideologías -aunque posteriormente su causa se ha politizado, en gran medida por la estigmatización a la que fueron sujetas-. En última instancia, la revelación de esa deleznable práctica fue el momento definitivo en el cual el relato de una guerra entre militares buenos y guerrilleros malos se desmoronó y el conflicto de medio siglo que aquejó a Colombia -algunos consideran que la guerra sigue, y tienen buenos argumentos- pasó a ser definido por sus claroscuros. Continuar explorando e investigando estos hechos es absolutamente necesario para la construcción de una memoria completa, imparcial y, eventualmente, realmente sanadora.
Por eso lo ocurrido este martes en Dabeiba, Antioquia, es tan significativo. A las ocho de la mañana comenzó una audiencia inédita de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que ocho militares de diferentes rangos reconocieron públicamente y ante familiares de las víctimas su responsabilidad como máximos responsables de 49 casos de falsos positivos que ocurrieron en ese municipio, ubicado a unos 175 kilómetros al norte de Medellín.
Como cada vez que escuchamos detalles de estas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la fuerza pública, los hechos narrados son muy difíciles de procesar. Este lugar, además, es emblemático porque utilizaron el cementerio municipal para hacer muy complicado el rastreo de los cuerpos de las víctimas; y en muchos caos lo hicieron imposible después de que, tal como admitieron los militares, les dispararan en la cara a las víctimas para dejar sus rostros irreconocibles y quemaran sus cédulas para eliminar cualquier rastro documental.
Los 49 fueron personas asesinadas, presentadas como bajas en combate y desaparecidas. Eran campesinos de la zona estigmatizados como miembros o colaboradores de las FARC, desempleados de Medellín o Turbo engañados con promesas de trabajo en la zona o habitantes de calle atraídos con drogas y alimentos. Es una historia que los colombianos hemos escuchado muchas veces, tantas que tal vez ya no asombra, pero no hace falta más que detenerse un momento sobre la secuencia premeditada y sangrienta para volver a estremecerse.
La audiencia también fue especial por otras dos razones. Por un lado, porque fue transmitida en vivo por Señal Colombia y 68 frecuencias de Radio Nacional, la primera vez que un acto de la JEP es emitido por radio y televisión; un dato no menor en un país que vive un turbulento posconflicto. Por otro lado, la presencia de los ministros de Justicia y de Defensa, Néstor Osuna e Iván Velásquez, además del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, manda un mensaje contundente del compromiso del Gobierno actual con la justicia transicional –en contraste con el entorpecimiento activo que hizo el Gobierno anterior a la JEP, en particular, y a la paz, en general-.
Sin embargo, este compromiso declarado por parte del Estado encuentra un contrapeso oscuro que nos recuerda que la guerra ha sabido sobrevivir la firma de aquel papel en Cartagena a finales de 2016: mientras avanzan las investigaciones de la JEP, hay quienes desean silenciarlas. En el caso de Dabeiba 12 personas involucradas han recibido amenazas, incluidos dos magistrados de la JEP y el sargento retirado William Andrés Capera, uno de los militares que han aceptado su responsabilidad. Esto demuestra que los destinos de los 6.402 falsos positivos que contabilizó la Comisión de la Verdad son todavía un terreno de conflicto y que esas dos palabras seguirán siendo protagonistas mientras la paz permanezca ausente en Colombia.
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