El Distrito no debe indemnizar al operador de relleno Doña Juana
El Consejo de Estado ha decidido anular una parte crucial del laudo arbitral que ordenaba al Distrito de Bogotá indemnizar con $64.000 millones a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operadora del relleno sanitario Doña Juana. Esta decisión surgió luego de que CGR presentara una demanda por desequilibrio económico, alegando que las tarifas de aseo no eran suficientes para cubrir todas las actividades y costos operativos del relleno.
CGR había argumentado que la remuneración pactada en el contrato no cubría los costos operativos, incluyendo la renovación de la planta de tratamiento de lixiviados. Además, la empresa reclamaba pérdidas acumuladas durante 12 años, lo que los llevó a solicitar inicialmente $1,2 billones. Sin embargo, en abril de 2023, un tribunal arbitral desestimó esta suma, limitándose a conceder una indemnización de $53.889 millones, sumados a $6.376 millones por descuentos indebidos.
El tribunal había establecido que las tarifas impuestas por el Distrito para el tratamiento de lixiviados y disposición de residuos sólidos eran insuficientes, afectando el equilibrio financiero del contrato y exacerbando la crisis económica del operador.
El fallo del Consejo de Estado fue claro al señalar que los árbitros no tenían la competencia para ordenar el pago de la indemnización basada en tarifas, ya que estos temas son regulados por un ente nacional y no debían ser abordados por el tribunal arbitral. De esta manera, anuló la parte del laudo que obligaba al Distrito a pagar los $64.000 millones, aunque dejó intactas otras 49 determinaciones del mismo laudo, incluida la que establece la vigencia del contrato de concesión hasta el 2025.
Con la anulación de esta indemnización, el Distrito no tendrá que desembolsar los $64.000 millones, lo que representa un alivio financiero significativo. Sin embargo, la decisión también implica que CGR deberá prepararse para entregar la operación del relleno sanitario en 2025, mientras que el Distrito deberá comenzar a buscar un nuevo operador para asumir la gestión de Doña Juana a partir de esa fecha.
Este fallo marca un importante precedente en la relación contractual entre el Distrito y los operadores privados, subrayando la importancia de una clara delimitación de competencias en la resolución de disputas contractuales.