Exregistrador de Boyacá, imputado por presunta falsificación de documentos para miembros del ELN
La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Ángel Pinto Quintero, exregistrador municipal de Cubará, Boyacá, por presuntamente emitir documentos de identidad falsos para miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado con fuerte presencia en la región oriental del país. Según el ente acusador, Pinto Quintero facilitó registros civiles, cédulas y actas de defunción con información alterada, lo que habría permitido a los integrantes del ELN evadir a las autoridades y mantenerse ocultos.
La imputación contra Pinto Quintero, quien fue señalado de falsedad ideológica en documento público y alteración del estado civil, se sustenta en pruebas de que entre 2007 y 2018 el exfuncionario emitió documentos falsos que ayudaron a líderes del frente de guerra oriental del ELN a suprimir o modificar su identidad. Según el expediente, algunos incluso simularon su fallecimiento para escapar de la justicia.
Durante la audiencia, la fiscal a cargo detalló que los actos se habrían cometido en distintos periodos entre 2007 y 2018, cuando Pinto Quintero trabajaba en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Cubará. Los documentos expedidos —como registros civiles y cédulas— se alteraban para cambiar la identidad de los beneficiarios sin documentación de respaldo, lo cual representa una falta grave a la confianza pública.
En su declaración, la fiscal explicó las penas que conlleva la falsedad ideológica en documento público, delito descrito en el artículo 286 del Código Penal. De hallarse culpable, Pinto Quintero enfrentaría entre 64 y 144 meses de prisión, además de una inhabilitación para ejercer funciones públicas de hasta 180 meses. También se le acusa de modificar el estado civil de personas inexistentes, lo cual podría conllevar hasta 90 meses de cárcel adicionales, según el artículo 238 del Código Penal.
El exregistrador, quien no aceptó los cargos, deberá permanecer vinculado al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía subrayó la relevancia de este caso en el control y supervisión de las instituciones de registro en el país, resaltando la importancia de la cooperación interinstitucional para evitar que los registros civiles sean utilizados en actividades ilegales, especialmente en zonas donde operan grupos armados ilegales.
