CONEJO DE ESTADO
Por: Manuel Álvaro Ramírez R.
El Consejo de Estado dejó provisionalmente en vilo, el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo en 23,7 por ciento, lo cual provocó reacciones especialmente de los trabajadores, quienes pusieron de manifiesto la mezquindad de magistrados que devengan $51 millones, pero tumban un decreto que les permitiría a los pobres ganar dos millones mensuales. Los primeros que celebraron fueron Fenalco y Blu Radio, enemigos jurados del Gobierno y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes salió diciendo que los más beneficiados con la reducción del salario serían los mismos trabajadores.
Pero la frustración de los asalariados fue tal, que Paloma Valencia soltó la siguiente perla: “Le pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7 % sin importar el resultado en el Consejo de Estado” (Revista Semana, 13/02/2026). Repito Paloma Valencia, superó a Benedetti, al ministro Sanguino y hasta al propio Gustavo Petro al ponerse del lado del proletariado. Aquí sospecho que olieron, tarde me parece, que la respuesta en las urnas será contundente porque no de otra forma se puede entender que una persona que demandó la reforma pensional se opuso con patas y manos a la laboral y tumbó media reforma tributaria para devolverle las regalías a las multinacionales, resulte de la noche a la mañana defendiendo lo que combatió en forma vehemente.
Digamos que los argumentos para mantener bajos los salarios se apoyan en la teoría económica neoliberal de que si son muy altos los empresarios no tienen razones para contratar trabajadores, comprar fuerza de trabajo, su única mercancía; en cambio si los reducen contratarán muchísimos. Con ese cuento se vendió en Colombia la Ley 100 que a todas luces ni mejoró los indicadores de empleo ni las condiciones de vida de los asalariados.
Pero no sólo la Ley 100 precarizó el empleo sino el modelo neoliberal implantado desde finales de los años ochenta, fortalecido en los noventa y reforzado a sangre y fuego desde el año 2002 con la fatídica Ley 789, lo cual ha significado una arremetida brutal para reducir al mínimo la participación del trabajo en el valor agregado de la economía. En efecto, el valor de la producción tiene dos componentes, el consumo intermedio y el valor agregado, este último se reparte entre remuneración a los asalariados y utilidades del capital.
A este respecto y a manera de ilustración, en 1980 la participación de los salarios y prestaciones en el valor agregado fue de 27,6 por ciento y en 2024 esta participación se redujo a un 14 por ciento incluso con un mayor número de personas contratadas, porque en el primer año de comparación, la industria manufacturera ocupaba 516,276 y en el último año 730,844. Se argumentará que realmente sí se crearon empleos, pero 215,000 en 45 años equivale a 4,770 por año. Estadísticamente eso no es nada, pero la conclusión es obvia: sí se crearon empleos, pero tan precarios que, aunque mayor el número, redujeron la participación del trabajo a la mitad, muchísimo más poquito para repartir entre un número mayor. (Cálculos hechos con datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE).
Entonces no es cierto que reducir los salarios genere empleo, por lo menos no empleo con sueldos dignos, pero lo que sí logra es aumentar las ganancias del capital. No hay un estudio serio que muestre que entre más precarios sean los salarios el desempleo sea menor. Hay, eso sí, toneladas de modelos econométricos orientados a confundir y convencer a la gente que lo mejor que pueden hacer los tomadores de decisiones es reducir salarios para saciar la voracidad del capital.
Pero en la otra orilla están quienes sostienen que para dinamizar el mercado y enrutar la economía hacia un desarrollo autosostenido es dándole a la gente dinero para gastar; así se dinamiza el mercado interno, la economía crece y con ella las empresas, quizás uno de los ejemplos históricos más notorios fue la llamada Ley de los Cinco Dólares, aplicada en Estados Unidos por Henry Ford a partir del 5 de enero de 1914, cuando duplicó las remuneraciones en sus fábricas y dinamizó el mercado, empezando por el de automóviles como nunca antes. Pero también está la teoría keynesiana que literalmente planteó que si para dinamizar la demanda, el Estado tuviera que contratar trabajadores, así fuera para abrir huecos y otros detrás para que los fueran tapando, debería hacerlo.
La Economía como ciencia ayuda a entender la forma como históricamente se ha distribuido la producción y el consumo, pero su ala neoliberal tiene también como función, justificar la desigualdad y es por eso que desde que surgió como parte de las ciencias sociales, ha tenido teóricos interesados en explicar de forma amañada el comportamiento de los indicadores, mientras su contraparte pone al descubierto lo que oculta la argumentación envenenada, envuelta, eso sí, en empaques rutilantes destinada a justificar un estado de cosas a todas luces insostenible. Argentina está mostrando por qué hay que desconfiar de los discursos rimbombantes que prometen acabar con los privilegios de las castas, pero terminan hundiendo a la clase trabajadora en una situación precaria y humillante. Y para allá vamos si no entendemos lo que está en juego en las elecciones que se avecinan.
