Aprueban normativa que beneficia a cerca de once millones de motociclistas
En una decisión que ha generado gran satisfacción entre los motociclistas, el Senado aprobó una normativa que elimina la inmovilización de motocicletas en cinco infracciones específicas del Código Nacional de Tránsito. Esta iniciativa, impulsada por los senadores Alejandro Vega y Gustavo Moreno, modifica el artículo 131 y suprime conductas como las siguientes:
- Transitar en sentido contrario
- No detenerse ante semáforos en rojo o amarillo
- Conducir sobre separadores o bermas
- Adelantar en lugares prohibidos.
El objetivo de esta normativa es instaurar equidad en las sanciones, con la nueva legislación, solo se mantiene la sanción económica, eliminando la inmovilización y buscando reducir la persecución indebida a los motociclistas.
La iniciativa, aprobada en los cuatro debates correspondientes, ahora debe pasar por el proceso de conciliación antes de ser remitida para sanción presidencial.
El proyecto ha generado reacciones diversas. Defensores argumentan la necesidad de equidad, mientras que detractores temen un aumento en las infracciones.
El coautor Gustavo Moreno resaltó que esta medida beneficiará a cerca de 11 millones de colombianos que conducen motocicletas, representando el 61% del parque automotor del país. «Esto impacta a cerca de 11 millones de motociclistas y evita que caigan en una trampa de pobreza por los costos excesivos de grúas, patios e inmovilizaciones», señaló Moreno en una entrevista con Noticias Caracol.
Moreno también aclaró que la normativa no elimina todas las inmovilizaciones. «La moto se inmovilizará si la persona no tiene Soat o la revisión técnico-mecánica. De resto, un semáforo en rojo o infracciones similares no resultarán en inmovilización», explicó. Actualmente, hay aproximadamente 1.5 millones de motos inmovilizadas en el país, con un 35% en Bogotá.
Moreno argumentó que la inmovilización no soluciona la imprudencia de los conductores. «El motociclista imprudente seguirá siendo imprudente, con o sin moto», concluyó. La decisión final sobre esta normativa ahora recae en el presidente, quien deberá sancionar o vetar la ley aprobada por el Congreso.
