Corte Constitucional ordena reducir semanas para pensión de mujeres
La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión trascendental en favor de la igualdad de género y la seguridad social al ordenar la reducción del número de semanas cotizadas exigidas a las mujeres afiliadas a fondos privados para acceder a una pensión mínima. La medida responde a la declaración de inconstitucionalidad de un apartado de la Ley 100 de 1993, que establecía un requisito de 1.150 semanas cotizadas.
El alto tribunal consideró que esta exigencia vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, así como el acceso a la seguridad social y al mínimo vital de las mujeres en el país. La normativa actual, al no tener en cuenta las desigualdades estructurales en el mercado laboral que enfrentan las mujeres, obstaculiza su capacidad para cotizar y acceder a una pensión digna.
Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó que las mujeres cotizan menos debido a trabajos informales, parciales o interrupciones laborales por responsabilidades de cuidado, como la maternidad. Esta situación se traduce en pensiones más bajas, lo que afecta su seguridad económica en la vejez.
La decisión de la Corte Constitucional implica reducir el requisito de semanas cotizadas a 1.000 y diferir los efectos de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este período, se espera que el Congreso y el Gobierno Nacional adopten medidas para compensar las desventajas laborales que enfrentan las mujeres.
Si no se cumplen las acciones requeridas en el plazo establecido, a partir del 1 de enero de 2026, el requisito se reducirá gradualmente en 15 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 semanas. Esta medida busca garantizar que las mujeres puedan acceder a una pensión mínima y satisfacer sus necesidades básicas en la vejez.
La decisión de la Corte Constitucional representa un avance significativo en la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres en Colombia. Además, destaca la importancia de adoptar políticas públicas que aborden las desigualdades de género en el mercado laboral y promuevan una seguridad social inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos.
