ESCÁNDALO NACIONAL CON LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Sogamoso y Boyacá también figuran con serias dudas

Redacción política de Boyacá Visible

Hacer ‘jugaditas’, trampear para que les sea adjudicados los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, o dicho más castizamente: robarse el dinero destinado para que los niños de las instituciones educativas reciban una porción diaria de dicho Plan, es hoy un escándalo mayúsculo en el país.

Gracias al periodismo la ciudadanía se entera de estas crueles acciones criminales, por parte de los contratistas y de las administraciones locales. Los funcionarios encargados de supervisar los contratos y los entes de control –más en el caso de Boyacá y Sogamoso— se hacen los de la vista gorda, engavetan las quejas y reclamos y dejan pasar el tiempo para que no pase nada. Según la Contraloría General de la República, en la actualidad se adelantan 152 procesos de responsabilidad, cuya cuantía asciende a 46 mil 476 millones de pesos.   

Desde los inicios de la apertura, adjudicación y ejecución de la Licitación Pública No. L-007-2020, a la Fundación Somos Manos Unidas, para la prestación del servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas de Sogamoso, la Veeduría Ciudadana Departamental del PAE, presentó serios reparos de forma y de fondo. Además, solicitó explicaciones tanto a la Oficina de Contratación del Municipio, orientada entonces por el abogado Álvaro Darío Becerra Salazar como al supervisor del contrato y secretario de Educación, Edgar Hipólito Eslava, sin que se le hubiesen prestado la debida atención. Por el contrario, pese a las evidencias presentadas por la Veeduría, ésta fue literalmente desconocida tanto por las autoridades municipales como por las departamentales.

Para empezar la Fundación Somos Manos Unudas, FSMU, presentó una certificación laboral del ciudadano en condición de discapacidad, Carlos Humberto Romero Niño, con el fin de obtener diez puntos adicionales que decía la convocatoria de la licitación. Sin embargo, Romero Niño para el momento de la adjudicación figuraba como funcionario de la Registraduría Nacional. La respuesta que dio el jefe de Contratación del Municipio, Becerra Salazar, fue la de que la Administración había obrado de buena fe de los documentos entregados por la FSMA. El hecho es que oficialmente se evitó la investigación y comprobación de los documentos allegados por los licitantes.     

Otra presunta irregularidad consistió en fijar, en el pliego de condiciones, como monto total de la licitación en $6.007’629.107. La Veeduría no encontró justificación legal para que, con el perfeccionamiento del contrato, éste se hubiera realizado por un valor de $5.851’662.640, es decir $155’966.467 menos que el inicial. La respuesta de la Secretaría de Educación fue la de que se invirtieron en personal de apoyo a la supervisión la suma de $93’341.906. A pesar de que, según la Veeduría, el valor del contrato fue por los seis mil y pico de millones de pesos con destino específico de compra de raciones para la población escolar, en ninguna parte aparece escrito que se destinaría la diferencia (93 millones) para la contratación de equipos técnicos para la supervisión. Con lo anterior se comprobaría que la Administración vulneró el principio básico de Planeación. Varias otras anomalías habrían encontrado la Veeduría, por ejemplo, el pago de impuestos municipales, tiene fecha del 9 de febrero de 2021 y el contrato comenzó a ejecutarse el día anterior. Según la Veeduría este hecho constituye una violación a la Ley 80 porque no se firmó el contrato con el total cumplimiento de los requisitos formales.   

Dentro de la ejecución del contrato la Veeduría ciudadana ha encontrado diferentes fallas en cuanto a la calidad de los productos que ha entregado la Fundación Somos Manos Unidas. Durante el confinamiento obligado por la pandemia, la FSMU suministró producto sin preparar, por lo que la Veeduría indagó por los precios en mostrador y encontró sobrecostos desproporcionados. Tal es el caso de los huevos que al comprar al por mayor se pueden obtener descuentos hasta del 25%. No obstante, el operador entregó en cubetas de más de un uso y de tipo B, que se encuentran a menor valor, contrariando, así, lo especificado en el contrato que exige cubetas de primer uso y huevos tipo A.

En otros productos los veedores ciudadanos encontraron también importantes sobrecostos como en el espagueti un sobrecosto del 72.64%, harina de trigo 56.52%, arroz 41.89%. Estos ejemplos y otros más la Veeduría los tiene debidamente relacionados y documentados. Según la veeduría, en su labor de vigilar se encontró con la continua permisibilidad del supervisor del contrato, Edgar Hipólito Eslava, de aceptar que se entregaran productos de regular y mala calidad.

Otros asuntos como el correcto pago de los empleados que dice tener la FSMU, será motivo de otra columna.

Para rematar a los veedores, en la actualidad, se les impide llevar adelante sus funciones ciudadanas, al excluírseles para adelantar o verificar la ejecución a plenitud de los contratos, ya no solamente en Sogamoso sino en otros municipios en donde la Fundación Somos Manos Unidas tiene la jugosa contratación del PAE. 

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