Galán solicita investigar contrato del hospital San Juan de Dios
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha expresado su descontento con la reciente decisión del agente interventor de la Superintendencia de Salud, que ordenó la terminación del contrato entre la Subred Centro Oriente del Distrito y la empresa española Copasa. Esta decisión, que quedó plasmada en la Resolución 646 del 16 de agosto de 2024, interrumpió un acuerdo clave para la demolición y reconstrucción del complejo hospitalario San Juan de Dios.
El presidente Gustavo Petro, por otro lado, celebró la medida adoptada por el interventor, considerando que se alinea con su visión de preservar y restaurar el histórico hospital. Petro, quien ha mostrado un interés constante en la renovación del San Juan de Dios desde su tiempo como alcalde de Bogotá, afirmó que esta decisión es un paso hacia la protección del patrimonio y la mejora de los servicios de salud en la ciudad.
Carlos Fernando Galán, en un video publicado en su cuenta de X, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional y su impacto en la salud de los bogotanos. El alcalde subrayó que la cancelación del contrato podría comprometer la estabilidad del sistema de salud y retrasar la recuperación del hospital, un proyecto ordenado por varias sentencias en los últimos años.
Ante esta situación, Galán solicitó la intervención de la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación para que verifiquen la legalidad y justificación de la decisión del agente interventor. Además, pidió a las secretarías de Salud y Jurídica evaluar posibles acciones legales y administrativas.
El contrato, que se adjudicó en 2016 durante la administración de Enrique Peñalosa, implicaba una inversión de más de $460.000 millones para la construcción de una nueva torre hospitalaria en el San Juan de Dios. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado numerosos obstáculos, incluidos los desacuerdos sobre la preservación del patrimonio y las demandas legales presentadas por Copasa, que solicita una indemnización de $70.000 millones al Distrito Capital.
La resolución emitida el 16 de agosto por Luis Gálvez, agente interventor de la Superintendencia de Salud, estipula la terminación unilateral del contrato, un acto que ha desatado un complejo litigio. El Distrito, por su parte, presentó una demanda arbitral nacional contra Copasa el 12 de enero de 2024, argumentando la naturaleza nacional del conflicto según lo establecido en el contrato.
El secretario de Salud, Gerson Bermont, afirmó que los terrenos del San Juan de Dios pertenecen al Fondo Financiero Distrital de Salud y expresó la disposición del Distrito para negociar con el Gobierno Nacional la adquisición de los terrenos. Sin embargo, también señaló la necesidad de resolver los problemas contractuales derivados de la prohibición del Ministerio de Cultura de demoler la torre central del hospital.
La situación con el San Juan de Dios sigue siendo un enredo complejo que ahora pasa al ámbito nacional. El Gobierno de Petro deberá encontrar una solución viable para cumplir con su compromiso de restaurar el hospital, enfrentando los desafíos legales y contractuales que persisten.
