El Gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de firmar un convenio con al menos 800 iglesias en Colombia, permitiéndoles contratar con el Estado en áreas como educación y asistencia social, a pesar de no pagar impuestos.
Esta iniciativa, según informó El Espectador, busca flexibilizar los requisitos para que más organizaciones religiosas puedan unirse al proceso. Se espera que entre 800 y 1.000 iglesias, de las 11.000 registradas en el país, se adhieran al convenio, reduciendo el requisito de antigüedad de 20 a 10 años desde su constitución para celebrar contratos con el Estado.
La relación entre el Gobierno y las iglesias no es nueva. En junio de 2023, ocho iglesias católicas y cristianas firmaron un acuerdo similar, lo que generó controversia y acusaciones de haber «vendido el alma al diablo» por parte de algunos legisladores.
Sin embargo, el Ministerio del Interior justificó esta decisión como un respaldo a la libertad de culto. Desde el año pasado, el Ministerio otorgó facultades a las organizaciones religiosas, permitiéndoles celebrar matrimonios civiles, fundar centros educativos y suscribir contratos con el Estado.
Algunas iglesias ya han aprovechado esta oportunidad. La Iglesia Centro Cristiano, liderada por el pastor Satirio Do Santos, ha firmado contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades gubernamentales.
El anuncio del convenio llega en un momento de tensión entre el Gobierno y algunas organizaciones religiosas, que han expresado su inconformidad con las reformas legislativas propuestas por el gobierno de Petro. La Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) expresó su desacuerdo con las reformas y luego se conoció el convenio entre el Ministerio del Interior y algunas entidades religiosas.
A pesar de las críticas, representantes de partidos como Colombia Justa Libres y el MIRA anunciaron su apoyo a la reforma pensional del Gobierno después del acuerdo entre el Ministerio del Interior y las iglesias en 2023.
El convenio entre el Gobierno y las iglesias plantea preguntas sobre la separación entre iglesia y Estado y ha generado un debate sobre el papel de las organizaciones religiosas en la sociedad colombiana.
