HIJO DEL GENERAL RINCÓN ARRINCONADO Y MUERTO
El domingo pasado un hecho lamentable sirvió para poner en evidencia varios asuntos. Cuando la prensa dice que alguien murió en confusos hechos, significa que le están cubriendo las espaldas o lavándole la cara a alguien. La noticia sin arandelas fue que el joven Juan Felipe Rincón Morales, Hijo del mayor General William Oswaldo Rincón Zambrano, actual inspector general de la Policía Nacional, murió por un disparo en el barrio Quiroga al sur de Bogotá.
El Hecho hubiera pasado sin pena ni gloria si se hubiera tratado de cualquier ciudadano, sobre todo de esos barrios semiperiféricos, donde muere gente asesinada especialmente los fines de semana. Normal. Pero al dolor propio de la pérdida de un hijo, a sus padres se les sumó una sal vertida sobre la herida recién abierta, porque según información filtrada por diversos medios y que por lo mismo debe ser tomada con la mayor cautela, el hijo de mi general era un depredador sexual de menores que según las fuentes, unas más apócrifas que otras, enviaba fotos íntimas a una menor de ocho años.
La historia, por lo menos lo que se puede inferir de lo aparecido en diversos medios, es más o menos la siguiente: Juan Felipe de 21 años de edad mantenía una relación sentimental con una menor de 15, hasta aquí nada para mirar con ceja levantada, pero en una red social se comunicaba con otra de 8. La familia de la menor se dio cuenta de lo que sucedía y se puso de acuerdo con la novia de Juan Felipe Rincón para que lo llevara al barrio. Allí, según versiones no confirmadas pero de alguna manera coherentes, enfrentaron al joven, le gritaron violador y se armó una gresca para golpear al muchacho y luego entregarlo a la Policía, sí, a la entidad vigilada por su padre, mientras un agente vestido de civil que hacía las veces de escolta de Juan Felipe, instaba a los agresores para que arreglaran por las buenas. Plata es plata.
Sin embargo, los ánimos se caldearon contra Rincón, especialmente por haber mantenido una conversación propia de adultos con la niña de 8 años, y en vista de que las agresiones iban en aumento, el escolta disparó, dicen los testigos, en por lo menos 10 oportunidades, hiriendo a dos personas y matando a su propio protegido. Acto seguido, la Fiscalía sin atender los ruegos de los familiares de las supuestas víctimas del depredador, se ensañó contra un tío de la menor de las víctimas quien habría golpeado al hijo del General y resultó herido con uno de los proyectiles disparados por el escolta.
Hay algunos hechos que sirven para reflexionar sobre los procedimientos, porque a veces la gente cree que basta con un poco de sentido común y una lógica formal que no coincide para nada con lo procedimentalmente correcto. En primer lugar, citar a un individuo para hacerle una encerrona, seguramente darle una muenda y luego entregarlo a la Policía acusándolo de depredador sexual de menores, no sólo es ilegal sino que suena a tomar la justicia por mano propia y de acusadores podrían, como parece que va a suceder, terminar en el banquillo de los acusados.
En segundo lugar, todo indica que el comportamiento de Juan Felipe es el típico accionar de quienes sienten que todo les está permitido por ser hijos de padres muy adinerados o de altas autoridades civiles o, como en este caso, de las Fuerzas Armadas, como en las peores dictaduras pero en una sociedad clasista es el pan de cada día descrito con pelos y señales por Laura Restrepo en su novela Los Divinos. Recomiendo su lectura.
En tercer lugar, llama la atención el comportamiento del Fiscal que se apresuró a imputar cargos al tío de la menor, por homicidio doloso agravado, fabricación y uso de armas de fuego, que según informe pericial de medicina legal no existió porque la única arma habilitada para disparar era la del guardaespaldas a quien no se detuvo, en tanto que al imputado le libraron orden de captura mientras era intervenido quirúrgicamente debido a las heridas recibidas durante la riña. Hay muchos más elementos turbios en este desafortunado incidente, pero lo mejor será esperar a que las autoridades hagan su trabajo y hacer un llamado para que apliquen las leyes sin fijarse mucho en el estrato de los implicados.
Por Manuel Álvaro Ramírez R. Magíster en Economía. Universidad de los Andes
