IDU responde por retrasos en la construcción de estaciones de Transmilenio
La construcción y ampliación de estaciones de Transmilenio en Bogotá ha generado polémica en el Concejo de Bogotá, donde se denuncian retrasos significativos y posibles irregularidades contractuales en varias obras claves. Según lo expuesto por la concejala Diana Diago del partido Centro Democrático, cuatro estaciones de Transmilenio presentan demoras importantes, afectando la movilidad en las localidades de Suba y Rafael Uribe Uribe.
Las estaciones en cuestión, La Campiña, Puente Largo, Socorro y Olaya, forman parte del contrato No. 1848 de 2021, cuyo objetivo es modernizar y expandir estas infraestructuras esenciales para el transporte público de la ciudad. Originalmente valorado en 25.725 millones de pesos, el contrato ha sido objeto de dos adiciones que han elevado su costo a más de 40.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de las prórrogas otorgadas, los trabajos no han avanzado al ritmo esperado.
Durante una inspección reciente, se constató que las obras en estas estaciones han progresado mínimamente, lo que llevó a la firma de una nueva prórroga, la séptima desde el inicio del contrato, extendiendo la entrega de las estaciones por al menos seis meses adicionales. Además de los retrasos, la concejala Diago denunció una posible irregularidad en las adiciones al contrato, las cuales superan el 50 % del valor inicial, lo que podría contravenir la Ley 80 de 1993.
En respuesta a estas acusaciones, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aclaró que el contrato en cuestión incluye la ampliación de ocho estaciones de Transmilenio, de las cuales cuatro ya están completamente terminadas y en operación. Las estaciones CAD, Nariño, Universidad Nacional y Ricaurte han cumplido con los plazos y se encuentran al servicio de los usuarios, representando un avance del 50 % de la meta física del contrato.
Sobre las estaciones con retrasos, el IDU explicó que la demora se debe a trámites pendientes con terceros, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Movilidad. El IDU aseguró que continúa trabajando en coordinación con estas entidades para agilizar los procesos y concluir las obras lo antes posible.
Respecto a las presuntas irregularidades en las adiciones al contrato, el IDU precisó que estos costos adicionales están relacionados con ítems no previstos inicialmente, como actividades ambientales, seguridad y salud en el trabajo, y el Plan de Manejo de Tránsito. Asimismo, subrayó que dichas adiciones no superan el 3.4 % del valor inicial del contrato, por lo que no contravienen las normativas legales vigentes.
Este tema seguirá siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades locales, mientras los ciudadanos de Bogotá esperan que las obras pendientes se completen sin más demoras.
