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LA AGONÍA DE LAS EPS

Sobre pocos temas se ha discutido tanto en Colombia como sobre las EPS. Además de las incontables opiniones de los profesionales y expertos en la materia, podría decirse que todos los colombianos tenemos algo que decir sobre el asunto. No es para menos: el sistema de salud del país pasa por una crisis muy profunda y su situación afecta directamente el derecho más precioso de los habitantes, que es su derecho a la vida. Todos los compatriotas que han acudido alguna vez al sistema de salud tienen, en distintos grados, una percepción clara de su mal funcionamiento. Es tan generalizada esta percepción que ha convertido el tema en uno de los predilectos de los humoristas, sabedores de que las situaciones trágicas que se presentan en los hospitales suelen ser materia para sus creaciones porque de la tragedia a la comedia no hay sino un paso.

Por Leopoldo Villar Borda. Tomado de El Espectador, 21 de diciembre de 2022

Sin embargo, lo que pasa con las EPS no es un chiste. Según la ministra Carolina Corcho, la intermediación de estas entidades ha desvirtuado la naturaleza del sistema al convertir la salud en un gran negocio en lugar de un servicio público al alcance de toda la población, como se concebía en otros tiempos y como debería ser. Por esto, uno de los principales propósitos de la reforma que ella ha anunciado es acabar con la intermediación y asegurar que los hospitales y clínicas reciban directamente el pago por sus servicios.

Nuestro sistema es altamente inequitativo, además de ineficiente, y, como si algo faltara, está gravemente enfermo, como lo prueba la quiebra de algunas EPS. Los defensores de estas entidades pueden exhibir todas las estadísticas que quieran, pero no podrán demostrar que aquellas están atendiendo a toda la población nacional y, sobre todo, prestando oportunamente a los pacientes la atención a la que tienen derecho.

El deficiente desempeño de las EPS genera consecuencias funestas para los pacientes, porque limita el acceso real a los servicios, como lo pueden atestiguar quienes ya no son vistos como tales sino como clientes del negocio. Los ejemplos se dan en abundancia todos los días, pero basta citar un solo caso para demostrarlo. Mencionemos el de un paciente de IMEVI (el proveedor de servicios de medicina visual utilizado por la EPS Compensar), a quien su oftalmólogo le ordenó someterse a una tomografía para cuya realización no hubo disponibilidad antes de cuatro meses. Realizado este procedimiento, sus resultados solo pudieron ser examinados por el médico que lo ordenó al cabo de otros tres meses, porque “no había agenda”. Esta funesta expresión, con la que en las EPS se suele responder a los pacientes cuando solicitan una cita médica, es un estribillo que describe la deplorable situación del sistema. Sus defensores argumentan que es uno de los mejores de la región porque en el papel su cubrimiento alcanza a toda la población del país. Pero ese cubrimiento es en buena parte teórico, pues no se está garantizando el acceso oportuno de los pacientes a los servicios requeridos. ¿Cómo puede valorar un médico los resultados de un examen practicado varios meses atrás? ¿Qué justificación puede existir para que un procedimiento rutinario, como una tomografía, solo pueda ser practicado varios meses después de su formulación?

Basta asistir a cualquier institución prestadora de servicios de salud para apreciar el estoicismo de los pacientes que se someten a horas de espera para iniciar el trámite de una cita o un procedimiento médico cuyo agendamiento seguramente será tardío. Lo que ellos viven se parece mucho a la espera que soportan los millones de víctimas de nuestros conflictos armados sin que el brazo de la justicia se ponga en acción en su favor. Los pacientes también son víctimas. Así como la justicia tardía no es justicia, cuando la atención de la salud es tardía es como si no existiera.

Fuente: El Espectador, 21 de diciembre de 2022

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