La Corte Suprema de Justicia llamo a juicio al exsenador boyacense Ciro Ramírez
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. En la decisión se mantuvo la medida de detención en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, y se refieren a la presunta injerencia indebida del exsenador Ramírez Cortés en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país.
Cabe recordar que Ciro Ramírez por disposición de la Sala de Instrucción, fue arrestado el año pasado durante la investigación en su contra por supuesta implicación en un caso de corrupción vinculado con la adjudicación irregular de contratos.
Este escándalo también implica a otros cinco senadores afiliados a la coalición gubernamental, quienes supuestamente lideraban una red de corrupción relacionada con contratos estatales.
Ciro Alejandro Ramírez Cortés, nacido el 31 de octubre de 1984 en Moniquirá, exsenador por el Centro Democrático, fue miembro de la Comisión Tercera del Senado. Con una formación académica destacada, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con especializaciones en Derecho Minero y Petrolero, Derecho Contractual, y Derecho de Sociedades, además de una maestría en Gerencia Pública de la Universidad de los Andes.
Ramírez Cortes inició su incursión en la política en 2014, como candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, representando también el retorno político de su padre, el exsenador Ciro Ramírez Pinzón. Ramírez hijo logró su elección con un respaldo de 12 mil votos. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Lorencita Builes, hija del exsenador Humberto Builes.
En 2018, ascendió al Senado, convirtiéndose en uno de los defensores más fervientes de las políticas y del gobierno del expresidente Iván Duque, destacándose como coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación.
En las elecciones legislativas de 2022 fue reelegido como senador, pero su trayectoria se vio ensombrecida cuando, en junio de 2023, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación en su contra por presuntas irregularidades en contratación pública. Esta investigación culminó con su captura el 15 de diciembre de 2023, acusado de direccionar un contrato entre el Departamento de Prosperidad Social, DPS, y Proyecta, empresa encargada de proyectos de infraestructura en el Quindío.
