LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO

Desde que Gustavo Petro nombró como ministro de hacienda a José Antonio Ocampo, le tapó la boca a quienes pregonaban la catástrofe que nos vendría, en caso de que el pueblo colombiano se decidiera a elegir un cambio a fondo en el manejo de la cosa pública. Si algo ha mostrado el Presidente es que del desenvolvimiento político sabe y sabe mucho. Ocampo es un economista formado en las mejores universidades del mundo, respetado en todos los círculos académicos y con experiencia en las principales entidades encargadas de la administración de recursos. Dejó la cómoda posición de profesor de planta de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, para venir a ocupar por segunda vez el Ministerio de Hacienda, cargo que ya había desempeñado durante la presidencia de Ernesto Samper. En corto, es alguien del establecimiento que sabe de lo que habla y a quien no se puede pretender engañar con argumentos propios de cantina pobre.

Como cabeza del equipo económico elaboró la propuesta de reforma tributaria que hoy se discute en diversos medios, pero sobre todo en redes sociales y en noticieros desinformados o mejor, encargados de desinformar. La reforma tiene tres pilares sobre los que descansa el grueso de los tributos: las rentas de las personas y las empresas y el impuesto al patrimonio; impuestos ambientales dentro de los cuales se destacan el uso de plásticos de un solo uso y otro a las exportaciones mineras de petróleo, gas y carbón y los impuestos a los alimentos procesados y bebidas azucaradas. Esa es la base sobre la cual se calculan los tributos, no se afectan los productos de la canasta básica que fue lo que dio origen al estallido social de la que presentó Carrasquilla en el gobierno de Duque.

Ahora, se han escuchado muchos argumentos que, disfrazados de preocupación por los pobres se esgrimen para tratar de mantener odiosos privilegios. Ahora resulta que los industriales y los propietarios de las grandes superficies están preocupados por el destino de las tiendas de barrio.

También se argumenta que la reforma no era necesaria, según el senador Miguel Uribe Turbay y si de lo que se tratara fuera de seguir en la debacle que veníamos quizás no se necesitara reforma, pero hay unos compromisos que Petro adquirió con los Estados Unidos y con los organismos multilaterales, entre los cuales, acaso el más imperativo tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, es decir la diferencia entre ingresos y gastos del Estado y que en Colombia alcanza cifras astronómicas y muy preocupantes.

De no darse un manejo responsable a la economía, un déficit fiscal muy abultado desemboca siempre en estallido social como ha sucedido ya en Grecia, Irlanda, Argentina y en muchos otros países que han tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional, donde les dictan la política económica que siempre incluye recorte en los salarios, en el gasto público dedicado al bienestar social y en el peor de los casos en las pensiones, como sucedió en España.

Entonces para dejarlo muy claro, no hay ni punto de comparación entre esta reforma y la del anterior gobierno y aunque se esgrimen amenazas como la de que las empresas se verán forzadas a despedir trabajadores, lo cierto es que los países más competitivos son los que pagan mejores salarios. Si el argumento de los salarios justos fuera cierto, países como Suiza, Corea del Sur o Japón debieran haber quebrado hace tiempo.

Por tanto, bienvenido el debate, pero que no nos vengan con el cuento de que ahora sí están preocupados por los pobres, cuando lo cierto es que esta plutocracia indolente que hasta ahora había gobernado, no se ha parado en pelos para mantener intactos sus odiosos privilegios. Contra eso, precisamente contra eso, fue que votamos en las pasadas elecciones para hacer de la colombiana una sociedad más justa.

Por: Manuel Álvaro Ramírez R.*

*Magíster en Economía, Universidad de los Andes. Ex asesor del Departamento Nacional de Planeación, ex jefe de planeación del Incoder y docente de la Universidad de Los Llanos.

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