Presidente Petro decreta aumento del salario mínimo para 2025: implicaciones y desafíos económicos
El salario mínimo en Colombia subirá un 9,54% en 2025, alcanzando $1.423.500, en medio de preocupaciones por inflación e informalidad laboral.
El presidente Gustavo Petro ha anunciado un incremento del 9,54% en el salario mínimo para 2025, elevándolo a $1.423.500 mensuales. Sumando el auxilio de transporte de $200.000, la remuneración total será de $1.623.500. Este ajuste, decretado tras la falta de consenso entre empresarios y sindicatos, ha suscitado debates sobre sus posibles efectos en la economía colombiana.
El aumento del salario mínimo supera la inflación anual, que se estima cerrará en un 5% para 2024, lo que representa un incremento real del 4,54% en el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, expertos y gremios empresariales han expresado preocupaciones sobre las posibles repercusiones de este incremento.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió que un aumento significativo del salario mínimo podría poner en riesgo las metas inflacionarias, ya que muchos precios y tarifas en la economía están indexados al salario mínimo.
Esta indexación podría generar presiones inflacionarias adicionales, dificultando el control de la inflación en el país.
Además, se teme que un incremento por encima de la inflación pueda incentivar la informalidad laboral.
Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), señaló que este aumento podría afectar la capacidad de las empresas para contratar personal formalmente, llevando a una mayor informalidad en el mercado laboral.
Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la pobreza y la desigualdad en el país. No obstante, es fundamental equilibrar estos objetivos con la estabilidad económica y las metas del Banco de la República, que proyecta una inflación del 3% para finales de 2025.
El aumento del salario mínimo para 2025 refleja la intención del Gobierno de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
Sin embargo, es esencial monitorear de cerca sus efectos en la inflación, la informalidad laboral y la economía en general, para garantizar que esta medida contribuya al bienestar de la población sin comprometer la estabilidad económica del país.
