Avances en el Plan de Descontaminación de El Embalse La Playa en Combita
En una visita reciente el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y su equipo técnico al embalse La Playa, del municipio de Cómbita, la entidad evidenció malos olores ocasionados por las aguas residuales que llegan de los municipios de Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta y los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios y carcelarios de El Barne y Cómbita, los cuales han provocado un escenario de eutrofización. Tal situación ha causado la proliferación de mosquitos y del buchón de agua, que invadió gran parte del espejo de agua.
Así mismo, la Defensoría le solicitó al Ministerio de Vivienda destinar recursos para terminar el cuarto módulo de la PTAR de Tunja, “también hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que implementen mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, indicó Carlos Camargo Assis.
Esta situación tiene afectados a cinco municipios del departamento y cerca de 6000 habitantes de la región, quienes pidieron interceder para que las entidades cumplan con lo ordenado en la acción popular interpuesta hace 23 años. En esta visita la Defensoría del Pueblo instó a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que implementen mecanismos técnicamente viables, que permitan descontaminar el embalse.
El pasado viernes 28 de julio, en la audiencia pública de verificación de la acción popular 1999-2441 del embalse La Playa, se presentaron alternativas para implementar actividades de manejo y mitigación de los impactos ambientales a mediano y corto plazo.
Las directivas de Corpoboyacá, puntualizaron que “se ha realizado una inversión de $13 mil millones de pesos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR de Tunja y planea aportar otros cuatro mil millones de pesos más para el módulo 5 de esta PTAR. Por otro lado, se ha priorizado la inversión de $1.000 millones de pesos para el colector de aguas residuales de Oicatá y otros $1.000 millones de pesos para Cómbita, con el objetivo de la descontaminación de la cuenca alta del Río Chicamocha”.
La procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental, Alicia López Alfonso, fue enfática al manifestar que «las solicitudes hechas por la autoridad ambiental, Corpoboyacá, deben ser tenidas en cuenta por la Agencia de Desarrollo Rural en la propuesta presentada al magistrado».
Entre los participantes a esta audiencia estuvieron el magistrado José Ascención Fernández Osorio, del Tribunal Administrativo de Boyacá; los alcaldes de Tunja, Oicatá, Cómbita y Tuta; la procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental; representantes del INPEC, USPEC, Agencia Nacional de Desarrollo (ADR); Usochicamocha, Veolia, Defensoría del Pueblo y la comunidad.
El magistrado concluyó la audiencia pública ambiental de verificación de la acción popular, convocando a la autoridad ambiental, Corpoboyacá, ADR y demás entidades involucradas en la acción popular, para desarrollar una nueva mesa de trabajo y determinar responsabilidades en aspectos de tiempo, modo y lugar para materializar la alternativa escogida.
