La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha dado un ultimátum a los comerciantes: a partir del 1 de mayo de 2024, la factura electrónica será obligatoria para grandes contribuyentes, extendiéndose gradualmente a otros sectores. Esta medida busca simplificar procesos, reducir costos y mejorar la transparencia en las transacciones.

Sin embargo, la implementación de la factura electrónica no está exenta de retos. Según el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, algunos comerciantes han informado erróneamente transacciones como pagos en efectivo, cuando en realidad se realizaron con medios electrónicos. Esta práctica puede afectar a los clientes, privándolos del beneficio tributario del 1% de deducción en compras hechas con medios digitales.

El representante a la Cámara Álvaro Monedero planteó la incertidumbre sobre los beneficios para las personas naturales que solicitan la factura electrónica. En respuesta, Reyes recordó que la deducción del 1% en compras electrónicas es un incentivo establecido en la reforma tributaria de 2022, aplicable a partir del año gravable 2023.

El director de la Dian enfatizó la importancia de la transparencia en los reportes de transacciones electrónicas por parte de los comerciantes. Si no se refleja con precisión el método de pago electrónico, los clientes podrían perder el beneficio tributario al que tienen derecho.

Reyes hizo un llamado a los comerciantes para que informen correctamente sobre las transacciones realizadas con medios electrónicos, evitando así perjuicios a los consumidores y asegurando la integridad del sistema tributario. En última instancia, la responsabilidad recae en el contribuyente, quien debe contar con evidencia de transacciones electrónicas para reclamar el beneficio tributario correspondiente.

La implementación de la factura electrónica representa un avance hacia la modernización y eficiencia en el sistema tributario, pero su éxito depende de la colaboración y transparencia tanto de los comerciantes como de los consumidores.